Por Lucila Marti Garro y Carla Quiroga
La percepción de falta de seguridad jurídica, la exposición financiera por haber blanqueado, el proyecto de impuesto a la riqueza, el efecto Vicentin y la ley de alquileres fueron la combinación perfecta para que aumentaran las consultas de argentinos que analizan irse a vivir a Uruguay. Terminan de completar el combo las ventajas impositivas que encuentra un sector de alto poder adquisitivo en el país vecino.
Las averiguaciones llegaron a inmobiliarias, estudios contables, bufetes de abogados y hasta a colegios de Uruguay. Algunos comienzan a consultar no con la decisión definitiva de instalarse sino como una forma de sondear la posibilidad: abrir el paraguas ante una futura mudanza.
En muchos casos buscan mejorar las rentas que obtienen en la Argentina. «Se incrementaron las consultas de argentinos que poseen una parte importante de su patrimonio afuera y que averiguan sobre la posibilidad de cambiar de residencia por la presión fiscal y la última reforma tributaria», comenta César Litvin, socio y CEO del estudio Lisicki Litvin y Asociados. La principal preocupación pasa por la ley de solidaridad social impulsada por el Gobierno, que elevó de 0,25% a 2,25% la alícuota máxima de gravamen sobre los bienes en el exterior abarcados por el impuesto de bienes personales. [fuente]